Por ahora, no es más que un caso particular. Pero los investigadores consideran que, si las fuerzas de seguridad participaron activamente de los saqueos producidos entre el 9 y el 11 de este mes, eventualmente podría tratarse de un eslabón de aquella supuesta cadena. Ayer, la Justicia confirmó el procesamiento de un suboficial de Policía, arrestado durante el fin de semana, y quedó imputado de hurto agravado por el cargo que desempeña. En su casa, se encontraron fardos de bebidas (geseosas y con alcohol) y otros productos de supermercado que no pudieron ser justificados por el uniformado, según indicaron fuentes judiciales.
Los datos del sospechoso se mantienen provisoriamente en reserva. El expediente está en manos de los fiscales de Instrucción Diego López Ávila (de la VI° Nominación) y Adriana Gianonni (de la VIII° Nominación), que en paralelo investigan a otros ocho policías por presunta sedición y otros delitos.
En la segunda semana de este mes, decenas de integrantes de la fuerza provincial se acuartelaron en la sede de la Subjefatura, ubicada en calle Chile al 1.800, e iniciaron una protesta salarial que incluyó el quite del servicio de vigilancia. Los uniformados, con esa medida, lograron un incremento superior al 35% en el básico. Así, un agente que ingresa -sin antigüedad ni otros ítems- percibirá en mano desde 2014 más de $ 8.700 en mano.
En el lapso de las negociaciones se produjeron gravísimos incidentes, que incluyeron muertes (el Gobierno afirma que hubo seis víctimas, mientras que un conteo extraoficial realizado por este diario reveló que habrían fallecido otras dos personas en esas circunstancias), saqueos y robos violentos.
Hipótesis
Los fiscales López Ávila y Gianonni ya imputaron por presunta sedición a Miguel Ángel Toledo; a los ex suboficiales Diego Herrera y Ángel Chaile; a Eugenio Alejandro Mamaní (de la seccional 5a); a Fanny Elizabeth Ávila (del Programa de Integración a la Comunidad de Lastenia); a Flavia María Belén Bedmar (de la comisaría de San Andrés), a Federico Antonio Castro (de la seccional 5a) y Omar Hogas (911). Este expediente se inició por la denuncia del fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa.
Una hipótesis que se maneja indica que integrantes de la Policía podrían haber participado o “incitado” los saqueos. La semana pasada surgieron indicios de que el empleado de una seccional de la capital estuvo involucrado en hurtos a supermercados y otros comercios.
Según fuentes judiciales, sobre la base de los datos que habían aportado testigos de atracos, se identificó al sospechoso, y la semana pasada se realizó un allanamiento en su casa. Los investigadores encontraron en la vivienda varios fardos de bebidas y otros comestibles. El sábado, el uniformado declaró ante Gianonni y López Ávila, y quedó detenido. Fuentes cercanas a la causa relataron que la imputación situaba al suboficial en diferentes supermercados, donde testigos lo vieron levantar fardos de mercadería, cargarlos en la caja de su camioneta y marcharse entre el caos.
En los Tribunales remarcaron que el acusado dio otra versión. En la indagatoria, afirmó que había comprado los productos hallados en su vivienda, pero sólo habría presentado un recibo como respaldo de una pequeña cantidad de mercadería. Además, habría admitido que estuvo en camioneta en los sitios donde lo ubicaban los testigos, aunque habría relatado que se acercaba a esos comercios sólo para ver cómo estaba la situación. Sus superiores en la comisaría no habrían sido notificados sobre esos supuestos patrullajes.
El suboficial tenía hasta ayer para justificar la compra de los productos secuestrados. Según los informantes, no presentó las facturas, y por lo tanto se decidió que continúe detenido. Sin embargo, salvo que surjan nuevas pistas que vinculen estos supuestos hurtos con el alzamiento policial de hace dos semanas, será difícil que se solicite la prisión preventiva contra el sospechoso.
Esta línea de la pesquisa tendrá más elementos el próximo año, cuando se entreguen diversos informes técnicos, como las pericias a teléfonos celulares (para establecer los cruces de llamadas) y el seguimiento de los patrulleros mediante GPS (para conocer dónde estaban ubicados en los días de protesta policial).